Loxicha: Abierta herida de la represión. En 1996, el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el presidente
Ernesto Zedillo veían un guerrillero o una guerrillera detrás de cada
rostro indígena zapoteca de Loxicha, zona formada por varias
comunidades, por muchos años olvidada en la sierra sur, que significaba
para el gobierno el bastión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Once años después, las mujeres de Loxicha no lo han olvidado y no ha
terminado su temor por la represión que se inició la madrugada del 29 de
agosto de 1996, cuando un supuesto comando del EPR irrumpió en La
Crucecita, Santa Cruz, Huatulco, caserío construido para los habitantes,
a quienes años antes habían expropiado sus tierras en la zona turística
de Bahías de Huatulco.
Atacaron
la Partida de Infantería de Marina, la Policía Judicial Federal y la de
Oaxaca, la Policía
Preventiva y la municipal, así como de Fonatur. Murieron cuatro infantes
de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y
cuatro personas no identificadas. También Fidel Martínez, ex regidor del
Ayuntamiento de San Agustín Loxicha.
Empezó la represión del gobierno: detenciones masivas, bajo la acusación de pertenecer al EPR, asesinatos y violaciones.
Donaciana
Antonio Almaraz formó entonces, junto con madres, viudas, esposas e
hijas de detenidos, desaparecidos, ejecutados o torturados, la Unión de
Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha e
hizo un largo plantón en la ciudad de Oaxaca: “Esta lucha todavía no
termina, hay aún muchos detenidos que esperan su libertad, no son ni
guerrilleros ni asesinos”.
La
única mujer detenida, Isabel Almaraz Matías “vive” desde hace casi
cinco años en prisión, sin sentencia,
acusada de participar en el secuestro de un niño y de conducir un
vehículo, aun cuando no sabe manejar. “Me han robado mi libertad, mi
vida, mis derechos”, dice. El resto de los detenidos obtuvieron su
libertad dos años después de su aprehensión, pero ella —dijo el ex
gobernador José Murat a una reportera— sigue detenida “por guerrillera”.
Quintina Valencia Antonio vive en la ciudad de Oaxaca tras la detención
de su compañero Fortunato Mendoza Antonio, acusado de haber cometido un
homicidio. La noche de la detención, un grupo muy numeroso de policías
judiciales intentaron atacarla sexualmente. Por la impresión se desmayó,
mientras Fortunato era golpeado hasta perder la conciencia. Sus pocas
pertenencias fueron quemadas, mientras sus dos hijas lloraban asustadas
ante la escena. Él ya salió y se fue al norte.
Laura Hernández viaja desde agosto
de 1996 a Oaxaca para saber de su esposo, Estanislao Martínez Santiago,
preso en Ixcotel desde entonces. Casi no habla español, lo que dificulta
cada trayecto. Su casa en Santa Cruz Loxicha se derrumbó, nada queda,
sólo el miedo a volver. Inés Antonio Reyes pasó de la tristeza a la
indignación y a la lucha por la libertad de su marido Cirilo Ambrosio
Antonio, acusado de pertenecer al EPR. Como Laura, Inés nunca volvió a
vivir en Loxicha, tiene miedo. Tres presidentes, tres gobernadores y
nada, todavía no lo sacan y él como los otros “es puro inocente”. En la
memoria de las mujeres quedaron también las violaciones sexuales que a
todos consta ocurrieron, pero que nadie denunció, porque las víctimas,
entre ellas una mujer de 18 años y otra de 14, “siempre tuvieron miedo”.
Dice Donaciana que las violaciones sexuales a mujeres se dieron en
mayor número el 25 de septiembre de 1996, “el día más cruel de todos”,
cuando
entraron todas las fuerzas de seguridad pública y los militares a las
comunidades.
La
guerra sucia en la zona Loxicha aún no termina, insiste Donaciana: tres
bases de operaciones mixtas en Magdalena, San Agustín y La Sirena,
evidencian la militarización, aunque desde hace más de 10 años no ocurre
ningún otro ataque de guerrilleros. Ningún grupo armado ha señalado
como suyos los muertos, los detenidos o los torturados, afirma Juan
Sosa, quien se sumó a la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas,
tras un encarcelamiento injusto.
En
cambio en Loxicha cuentan 90 ejecuciones extrajudiciales (40, sostiene
Donaciana); personas desaparecidas; 500 detenidos, 200 de ellos
consignados tras la Ley de Amnistía Estatal del 8 de diciembre de 2000.
La mayoría de los detenidos del fuero común salieron libres, pero una docena aún está en prisión, entre ellos Isabel
Almaraz Matías, así como 12 del fuero federal.
La
guerra sucia no termina, dice Donaciana. Eso le quita el sueño y nubla
su día, porque piensa en las mujeres y hombres zapotecas de Loxicha.
Recuerda a los hermanos Antonio Almaraz que derramaron su sangre por el
pueblo, en su hermano Lino, baleado en 2004, cuando era candidato a la
alcaldía y fuerte aspirante a ganar en la asamblea comunitaria que se
realizó tres días después de su asesinato. Las mujeres de Loxicha fuimos
las que más luchamos, afirma Donaciana. “Todas nos enfrentamos al
gobierno, porque nos cansamos de ver morir a nuestros familiares, que
nuestros
hermanos fueran encarcelados, que los torturaran o desaparecieran, por
eso luchamos”. Reconoce que el cohesionado grupo de mujeres fue
desquebrajado por el propio gobierno. “Murat siempre nos decía que nos
iba a dar un proyecto, una casa albergue, dinero. Como Unión del Pueblo
nunca aceptamos, por eso duramos tanto tiempo en plantón, vivíamos en
carne propia lo que sucedía, no queríamos ningún tipo de beneficios”.
El
8 de diciembre de 2000 se decretó la Ley de Amnistía Estatal y fueron
excarceladas 17 personas aún no sentenciadas, 47 sujetas a proceso y 104
con órdenes de aprehensión, todas del fuero
común.
Fuente: Milenio Diario.